Una coalición de grupos, incluidos abogados, líderes indígenas y activistas de derechos humanos, dice que tiene la intención de pedir a las Naciones Unidas que investigue la constitución de Quebec propuesta por el gobierno de Legault, argumentando que viola los derechos fundamentales.
El proyecto de ley 1 —la Ley Constitucional de Quebec de 2025— fue presentado el mes pasado por el ministro de Justicia, Simon Jolin-Barrette, y será objeto de audiencias en la Asamblea Nacional a partir de esta semana.
Ha sido duramente criticado por los partidos de oposición, los abogados constitucionalistas , el Colegio de abogados de Quebec, académicos y universidades .
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“Este es un proyecto de ley que se elaboró a puerta cerrada, sin consulta pública previa, sin participación de grupos de la sociedad y en violación de los principios básicos aplicables a todo proceso constitucional”, dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Montreal, Stéphane Beaulac, durante una conferencia de prensa el martes.
Beaulac, quien también es vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas de Canadá en Quebec, dice que el grupo planea liderar un esfuerzo para pedir a la ONU que inicie una investigación de emergencia sobre el plan constitucional de la Coalición Avenir Québec.
Dijo que viola los derechos de las minorías, atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y “viola las garantías fundamentales de este principio esencial de gobernanza conocido como el estado de derecho”.
Una de las mayores “preocupaciones se relaciona con las disposiciones sobre los derechos colectivos de la nación quebequense y cómo éstas prevalecen sobre los derechos de otros individuos y pueblos que viven en Quebec”, dijo Beaulac.
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“Colocar los derechos colectivos —incluso los de la mayoría de la población— por encima de los derechos de los individuos, las minorías y los pueblos indígenas niega efectivamente los fundamentos mismos de los derechos humanos universales, ya que es importante recordar que uno de los mayores legados de los horrores de la Segunda Guerra Mundial quedó codificado en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
El desafío de la ONU cuenta con el apoyo de varios grupos e individuos, entre ellos la Liga de Derechos y Libertades, Amnistía Internacional, Abogados sin Fronteras Canadá, la Asociación de Juristas Progresistas, el Consejo Internacional de Tratados Indios, la senadora Michèle Audette y el jefe Jean-Charles Piétacho de la comunidad innu de Ekuanitshit.